El acta registra que la diputación Salvador Padilla Villanueva es mencionado en agradecimiento por haber manifestado un voto de confianza a la presidenta Laura Fernández, sin registrar una intervención de fondo propia.
El acta registra a Yara Jiménez Fallas como Presidenta de la Asamblea Legislativa, quien abrió la sesión, solicitó la ocupación de curules, dirigió la discusión y aprobación del acta anterior y realizó la lectura de la resolución sobre solicitudes de permuta de integración de comisiones legislativas.
El diputado Salvador Padilla Villanueva expresó solidaridad con el oficial lesionado y con los detenidos Elainer Mora y Elian Xavier Jiménez. Criticó el uso de un lenguaje violento por parte de gobernantes y expresidentes, señalando que dicho discurso puede generar hechos violentos. Solicitó que los ministros y la fracción oficialista dejen de utilizar terminología peyorativa y que se asignen recursos adecuados a las fuerzas de seguridad. Reiteró la importancia del derecho a la protesta, reunión y manifestación.
El acta registra a Yara Jiménez Fallas como Presidenta del Plenario, quien dirigió la sesión, solicitó el quórum, llamó a los diputados a intervenir, anunció y supervisó votaciones de mociones de orden y de fondo, y declaró el cierre de la sesión.
La diputada Cindy María Blanco González presentó los resultados del foro ‘Treinta Años a la Ley 7600’, destacando avances en educación, salud y accesibilidad física, pero identificando retos en empleo, acceso digital y sanciones en la ley. Citó datos de la Encuesta Nacional de Discapacidad, mencionó que solo 11 de 63 instituciones públicas cumplen con la cuota laboral de la Ley 8862, y destacó instituciones que sí cumplen. Finalizó reafirmando su compromiso con la inclusión de personas con discapacidad.
El acta registra a Joselyn Sáenz Núñez como parte de la lista de diputados que votaron a favor en la votación final que aprobó con cincuenta y tres votos a favor y cero en contra.
El acta registra a Yara Jiménez Fallas como Presidenta de la sesión, indicando su intervención para iniciar la sesión, reconocer a los diputados que tomaron la palabra, solicitar el cierre de puertas para votaciones, y anunciar resultados de votaciones y recesos. No se registra ningún discurso de contenido temático por parte de la Presidenta.
La diputada Joselyn Sáenz Núñez manifestó que la situación actual evidencia tensiones entre poderes, señalando la politización de la justicia y la judicialización de la política como factores que pueden afectar la independencia judicial. Indicó que los nombramientos de magistrados pueden estar influidos por intereses políticos y recordó el rol de la Sala Constitucional en el control de decisiones del Parlamento y del Ejecutivo. Finalmente, preguntó a los diputados Wilson y Gonzalo por qué no confían en ciertos candidatos, solicitando aclaraciones sobre sus currículos y entrevistas y su posible impacto en la independencia judicial.
Yara Jiménez Fallas presidió la sesión extraordinaria del 27 de mayo de 2026, anunció la fecha del segundo debate del expediente 23.414, informó sobre la recepción del Decreto ejecutivo 45.807-MP y ordenó su publicación, declaró la resignación de varios expedientes a distintas comisiones, dirigió el proceso de la séptima ronda de votación para la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, informó los resultados de varias rondas de votación y, al no alcanzarse los votos requeridos, anunció que el tema se remitirá a los jefes de fracción para una nueva determinación.
La diputada Janice Sandí Morales expuso que el proyecto de armonización del sistema eléctrico presentado por el Poder Ejecutivo es lesivo para generadores, distribuidores y el ICE, pues fue elaborado sin consulta y clasifica el servicio eléctrico como económico en lugar de público. Señaló que se realizaron reuniones con diversos actores (ICE, Minae, cooperativas, sindicatos, etc.) que dieron lugar a mociones y a un texto sustitutivo menos perjudicial, aunque aún insuficiente, y sostuvo que Costa Rica necesita un marco jurídico moderno que reconozca la electricidad como servicio público esencial con criterios de continuidad, calidad, universalidad, sostenibilidad, transparencia y seguridad jurídica.