Energía

Joselyn Sáenz Núñez solicitó el apoyo a una moción de retrotracción para incluir en la Ley de Recope disposiciones sobre hidrógeno verde, biocombustibles y la obligación de que RECOPE presente estudios técnicos antes de implementar nuevas autorizaciones, además de recalcar que el gas natural no debe retrasar la transición energética. Posteriormente explicó que la moción incorpora modificaciones para corregir la conexidad del proyecto de ley, incluyendo requisitos de licencias de conducir para taxistas y un transitorio para la implementación de licencias de autobús, buseta y microbús, a cargo del MOPT.

Joselyn Sáenz Núñez solicitó votar a favor de una moción de revisión para retrotraer y corregir el proyecto de ley, argumentando que la versión actual omite el hidrógeno verde y contiene errores de redacción. Expuso que la moción propuesta busca excluir el gas natural del programa de RECOPE, advirtiendo sobre sus impactos climáticos, económicos y de dependencia energética, y pidió incluir criterios de transición y estudios técnicos para garantizar la soberanía energética. Finalmente, reiteró la necesidad de aprobar la moción para evitar riesgos de sobreprecios y asegurar que RECOPE cuente con infraestructura adecuada.

La diputada Janice Sandí Morales expuso que el proyecto de armonización del sistema eléctrico presentado por el Poder Ejecutivo es lesivo para generadores, distribuidores y el ICE, pues fue elaborado sin consulta y clasifica el servicio eléctrico como económico en lugar de público. Señaló que se realizaron reuniones con diversos actores (ICE, Minae, cooperativas, sindicatos, etc.) que dieron lugar a mociones y a un texto sustitutivo menos perjudicial, aunque aún insuficiente, y sostuvo que Costa Rica necesita un marco jurídico moderno que reconozca la electricidad como servicio público esencial con criterios de continuidad, calidad, universalidad, sostenibilidad, transparencia y seguridad jurídica.

La diputada Joselyn Sáenz Núñez expresó su oposición al proyecto de ley que, según ella, eliminaría al ICE como autoridad nacional en energía, desmantelaría su cobertura eléctrica y transferiría competencias a ARESEP y al Ecosen, lo que aumentaría las tarifas y pondría en riesgo la seguridad energética, especialmente de los sectores vulnerables.

El diputado Salvador Padilla Villanueva intervino en el debate del proyecto de ley 23.414, criticando la confusión en la asignación de funciones entre el MINAE, la ARESEP y el ECOSEN, y señalando la falta de claridad sobre el ente regulador. Argumentó que la concentración de funciones políticas y regulatorias en un mismo ministerio aumenta riesgos de discrecionalidad y conflictos institucionales, citando estudios de la OCDE. También denunció que el proyecto podría derogar la Ley 7200, afectando a empresas públicas y cooperativas, y sostuvo que, aunque reconoce la importancia del ICE y del sector privado, el texto está mal diseñado y votará en contra.