Joselyn Sáenz Núñez expresó su apoyo a la transparencia y a la lucha contra la corrupción en la designación de cargos públicos, resaltó la ley que regula la elección de la Fiscalía General y manifestó su preocupación por un proyecto que propone que el Congreso elija al Fiscal General, argumentando que ello podría comprometer la independencia del Ministerio Público.
El diputado Salvador Padilla Villanueva denunció presuntos privilegios crediticios a Boris Marchegiani, candidato a embajador ante la ONU, alegando que podría deber más de ocho millones de dólares sin consecuencias. Propuso una moción ante la Comisión de Ingreso y Gasto para investigar si el Banco Nacional otorga tratos especiales y solicitó información al auditor interno del banco sobre normas, políticas y gestión de riesgo. Solicitó que el caso sea presentado ante la comisión para garantizar transparencia.
Janice Sandí Morales solicitó mantener el rechazo a una moción, recordó una votación previa en la Comisión de Nombramientos sobre transparencia, denunció que el lobby es un problema y pidió a la oposición unirse a Marta Esquivel, quien votó a favor de la moción revisada.
El diputado Salvador Padilla Villanueva presentó una moción para que las 57 diputaciones del Plenario adopten un compromiso público ético que prohíba reuniones secretas con candidatos y garantice la transparencia en los procesos de selección de magistraturas y ratificaciones, con el objetivo de prevenir conflictos de interés y reforzar la independencia judicial y la confianza ciudadana.
La diputada Yara Jiménez Fallas intervino durante la sesión ordinaria número 25 del 15 de junio de 2026, pronunciando un discurso en el que criticó a la oposición por acusar al oficialismo de obstaculizar la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, recordó la suspensión del proceso en 2021, y defendió la decisión del Plenario de solicitar una nueva nómina a la Corte Suprema para lograr mayorías y transparencia en los nombramientos. Solicitó que el proceso sea objetivo, transparente y con amplia participación de abogados y funcionarios judiciales, enfatizando que el objetivo es garantizar nombramientos responsables.